La Confederación Cooperativa de la República Argentina (en un primer momento llamada COOPERA, y en la actualidad, COOPERAR) fue creada el 5 de diciembre de 1962, con el objeto -expresado en su Estatuto- de “contribuir a promover y consolidar el movimiento cooperativo y difundir los principios de la cooperación libre”. Las entidades fundadoras fueron:
• Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
• Federación Argentina de Cooperativas de Consumo
• Federación Argentina de Cooperativas de Crédito
• Federación Argentina de Cooperativas de Seguro
• Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas
• Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas
• Federación de Cooperativas de Crédito, Vivienda y Consumo

Ante las necesidades comunes de las diversas experiencias cooperativas desarrolladas en el país, se crearon federaciones; y, por la necesidad de trabajar mancomunadamente para garantizar el funcionamiento, la solidaridad entre las entidades y la integración de distintos rubros, se creó COOPERAR como entidad de tercer grado. Con su creación se profundizó la integración de las cooperativas en Argentina.
A lo largo de su historia la Confederación debió enfrentar duras circunstancias políticas y económicas que atravesó Argentina, para sobrevivir practicando la democracia en el marco de las dictaduras militares que se sucedieron desde 1955 hasta 1983. Asimismo, los años del neoliberalismo –modelo económico impuesto por la última dictadura militar y profundizado durante la década de 1990-, terminaron con la vida de instituciones centenarias y paradigmáticas del cooperativismo argentino. La dura historia de crisis económicas y gobiernos autoritarios/neoliberales demostró la fortaleza de la herramienta cooperativa, que hoy se constituyó en una referencia habitual de todas las propuestas políticas de base democrática, y que fue adoptada por movimientos sociales en todo el territorio nacional.

Con el objetivo de lograr la modernización y orientación de las estructuras institucionales, la dictadura militar encabezada por Alejandro Lanusse sanciona en 1971 la “Ley” 19.219 que crea el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, «como autoridad de aplicación del régimen legal de las sociedades cooperativas».
Dos años después, la Ley 20337 de cooperativas establece en su artículo 105 que «El Instituto Nacional de Acción Cooperativa es la autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas y tiene por fin principal concurrir a su promoción y desarrollo. Funcionará como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social, con ámbito de actuación nacional, de conformidad con los términos de esta ley. Es órgano local competente en la Capital Federal y demás lugares de jurisdicción nacional».
En 1983, al asumir el gobierno presidido por Raúl Alfonsín, se creó la Secretaría de Acción Cooperativa en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, al que se le asignó la competencia ejercida hasta entonces por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa INAC.
En 1990, al poco tiempo de asumir la presidencia Carlos Menem, se volvió a bajar la categoría institucional de la autoridad de aplicación, ya que se la trasladó nuevamente al INAC, esta vez como dependencia subalterna del Ministerio del Interior.

El IPAC se crea por decreto 2238 (agosto de 1992) refrendado luego por la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, como entidad autónoma.
Su función es realizar la fiscalización pública de las entidades cooperativas; y la elaboración, el diseño y la instrumentación de políticas y acciones vinculadas con la actividad del sector cooperativo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, siendo el órgano local competente con las atribuciones fijadas por la Ley 20.337 y el convenio entre el INAC (Instituto Nacional de Acción Cooperativa) y la Provincia de Buenos Aires.
Fue disuelto en 2002 por la Ley 12889.

En el año 2000, durante presidencia de Fernando de la Rúa, un decreto cambió el nombre del INACyM por el de Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que conserva hasta hoy, sin cambiar inicialmente su estructura y atribuciones.
A comienzos de 2020, el INAES pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo; y en 2022 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.